Noticia de Faro de Vigo, 7/2/2013

valedordopoboEl Valedor ampara a los afectados por la supresión de ayudas a vivienda protegida

En Galicia habría más de 4.000 afectados, que verían aumentar sus cuotas hipotecarias “entre un 20 y un 30%”

El Valedor do Pobo, José Julio Fernández, pedirá a la Xunta que revoque todas las solicitudes de prórroga del subsidio para las hipotecas de vivienda protegida que denegó a raíz de un cambio normativo decidido por el Gobierno central en 2012.

Así lo ha anunciado, en rueda de prensa en Santiago, el representante de la coordinadora estatal de plataformas de afectados por la supresión de este subsidio, Angel Sancha, que ha avanzado que este mismo viernes se verá con él y también con la directora del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Teresa Gutiérrez, para tratar este asunto.

Tras mantener una reunión con representantes del PSdeG, ha explicado que el Gobierno decidió en 2012 suprimir las ayudas para las hipotecas sobre VPO del plan de vivienda en vigor y que, a posteriori, optó por aplicarlo “a planes anteriores”.

Con ello, convirtió “en masivo el problema”, que afecta a unas 300.000 familias en toda España que, “a mitad de camino”, ven suprimidas sus ayudas cuando los requisitos que se les exigía para tener derecho a ellas era un “bajo” nivel económico. “Se rebajan 1.500 euros anuales a familias que no perciben ese salario”, ha ilustrado.

En este escenario, Sancha ha celebrado que, al igual que ocurrió con el Defensor del Pueblo y con el Procurador del Común de Castilla y León, ahora el Valedor do Pobo haya respaldado la imposibilidad de retirar el subsidio “de manera retroactiva”.

“INTERPRETACION INCORRECTA”

De hecho, ha revelado que así se lo confirmó el propio valedor “por teléfono la semana pasada” y que ya le concretó que su escrito iría “en el mismo sentido” que los realizados por las otras instituciones de defensa de los ciudadanos.

Así, referirá que la interpretación que hace el Estado de la norma, en base a la cual las comunidades deben denegar las prórrogas de las ayudas, es “incorrecta”; de modo que “de oficio” se deberán “revocar todas las resoluciones pasadas y presentes que se denegaron” cuando el peticionario cumpliese los requisitos.

Junto con ello, demandará que se dispongan “medidas paliativas” frente a las posibles “consecuencias” que haya tenido la retirada de forma temporal de este subsidio en familias que se encuentren en situación de “especial vulnerabilidad”.

Preguntado al respecto, Angel Sancha ha subrayado que las comunidades autónomas tienen “la competencia exclusiva” en materia de vivienda, de modo que, en el caso gallego, “si la Xunta reconoce” los requisitos de los solicitantes, al Estado le corresponde “pagar”. “No pueden decir que son meros gestores, las competencias están bien definidas”, ha remarcado.

En este sentido, ha indicado que pidió a todos los grupos parlamentarios gallegos que sacasen adelante una petición para que la Xunta “proceda al reconocimiento de todas las solicitudes que cumplan los requisitos” y para que el Estado “proceda al pago”.

MAS DE 4.000 FAMILIAS AFECTADAS EN GALICIA

Junto con Sancha comparecieron un portavoz de los afectados del barrio coruñés de Novo Mesoiro, una representante del colectivo vigués de Navia, el diputado autonómico del PSdeG Xosé Sánchez Bugallo y la senadora socialista Paula Fernández Pena.

Por su parte, Sánchez Bugallo ha señalado que, si bien la Xunta ha cifrado en torno a 4.000 las familias afectadas en Galicia por esta situación, sus cálculos elevan este dato hasta las 12.900.

Todas ellas se quedarían sin una ayuda que oscila entre los 60 y los 150 euros mensuales para el pago de la hipoteca, lo que supone un aumento de “entre el 20 y el 30 por ciento” en sus cuotas.

“ATAQUE DEL GOBIERNO”

“Es un nuevo ataque del gobierno a los más vulnerables”, ha lamentado Fernández Pena, sin dejar de hacer hincapié en que se trata de familias con “recursos limitados” a los que se aboca a “no poder pagar sus hipotecas”.

Porque, como ha denunciado, a estas familias se les retiran las ayudas pero no “las obligaciones” de no poder vender o alquilar la vivienda. “No se pueden recortar derechos y mantener las obligaciones”, ha advertido.

Por estos motivos, como ha explicado, su partido ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de vivienda. “Hay que mantener la lucha”, ha enfatizado la exalcaldesa de Silleda (Pontevedra).

APOYO A LOS AFECTADOS

Por su parte, desde el colectivo de Navia, Ana Martínez ha recomendado a los afectados que “no paren de solicitar la ayuda” y que “presenten toda la documentación en plazo” para “poder tener después el derecho” a que se revoque la denegación de su solicitud.

Además, ha abierto a todos los afectados las puertas de su asociación y ha puesto a su disposición sus asesores para gestionar los recursos. También lo ha hecho Ramiro del Valle, de Novo Mesoiro, quien ha lamentado la “retirada de derechos y de ayudas”.

 

 

 

 

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