nathalie angel canarias

  • El Gobierno Canario rechaza revisar de oficio la concesión de estas ayudas, las cuales había denegado, a pesar de que se lo piden el Defensor del Común Canario, la Defensora del Pueblo, los partidos políticos canarios y a pesar de las sentencias judiciales existentes a nuestro favor.

  • Miles de afectados canarios han visto incrementar su hipoteca entre 90 y 300€ al mes, tras haber suprimido Fomento estas ayudas de forma “retroactiva”, las cuales están gestionadas por el gobierno autonómico.

  • Coalición Canaria juega a una “doble moral” con los afectados: mientras nos apoya en el Congreso de los Diputados, nos niega su colaboración en el Gobierno Canario.

 La consejera Inés Rojas y la directora general de vivienda de Canarias, Sulbey González, dan la espalda a los afectados por la supresión de la subsidiación de préstamos VPO

(TENERIFE, 21/02/2014) El pasado día 14 de febrero la Coordinadora Nacional de Plataformas de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO mantuvo varias reuniones en Tenerife y Gran Canaria a nivel institucional y político con el propósito de resolver la dramática situación que viven miles de afectados a los que el Ministerio les ha suprimido de forma retroactiva su derecho a percibir las ayudas de sus préstamos protegidos.

La Coordinadora se ha reunido con la Directora General de Vivienda de Canarias, Sulbey González, bajo cuya responsabilidad se gestionan estas ayudas, así como con los principales partidos políticos canarios para conseguir su apoyo parlamentario. Asimismo, se ha entrevistado con el Diputado del Común D. Jerónimo Saavedra con el fin de recavar su apoyo para instar al Gobierno Canario a aplicar las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, las cuales respaldan el derecho de los afectados a percibir estas ayudas. Durante estas reuniones, la Coordinadora estuvo representada por Ángel de Sancha, responsable de relaciones institucionales, y por Nathalie Santos presidenta de la Coordinadora de Afectados en Canarias.

En dichas recomendaciones se insta a las comunidades autónomas a revisar de oficio todas las denegaciones desde el Art. 35 del RDL 20/2012 hasta la publicación de la Ley 4/2013 en junio del mismo año, aplicando el RDL en su estrictamente literal. Según la Defensora del Pueblo, la comunidad autónoma ha estado denegando estas ayudas en virtud de una interpretación ministerial que es “extensiva”, es decir, que excede lo mencionado en este articulado, por lo que el Gobierno Canario debería corregir estas denegaciones sin base legal.

En la reunión mantenida con el Diputado del Común supimos de la existencia de unas recomendaciones en la línea de la Defensora del pueblo Nacional,  realizadas en noviembre de 2013, en las que se instaba a la Consejería de Vivienda de Canarias a su aplicación, recomendaciones que la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias se ha negado acatar, en una respuesta redactada por la propia Directora General de vivienda de Canarias Dª. Sulbey González, dirigida al diputado del común D. Jerónimo Saavedra.

La Coordinadora denuncia la incoherencia que mantiene Coalición Canaria y el ejecutivo de Inés Rojas para con los afectados, ya que siempre han apoyado a la Coordinadora en el Congreso de los Diputados, e incluso han apoyado la presentación de varias iniciativas dentro del grupo mixto, jugando a una doble moral con los afectados no haciendo efectivo ese apoyo en Canarias, donde precisamente la consejería tiene la competencia exclusiva e independiente del ministerio para aprobar o denegar las ayudas, y donde el Ministerio figura simplemente como pagador de lo aprobado por la comunidad autónoma, como así lo dictan los convenios establecidos y como así lo han hecho otras comunidades autónomas de España. En el caso de Canarias, la Consejería se limita a acatar las órdenes “internas” (dicen) del Ministerio, pese a tener plenas competencias para ello.

Denunciamos la falta de transparencia de la Directora General de vivienda de Canarias, Sulbey González, por habernos omitido la existencia de las recomendaciones realizadas por parte del Diputado del Común a la Coordinadora, así como por su respuesta, siendo la causante junto a Inés Rojas de las denegaciones de prórrogas de subsidiación acontecidas en base al Art. 35 RDL 20/2012 y en consecuencia culpables de que muchos canarios afectados tengan que acudir a la vía judicial para recuperar sus derechos los cuales han sido suprimidos de manera retroactiva y en los que siguiendo la estela de otras sentencias acontecidas en la Comunidad Valenciana o Pontevedra serán condenadas a aprobar la ayuda así como a pagar las costas al demandante, dicha supresión supone un sobre coste mensual en la cuota hipotecaria de entre 90 y 400 euros mensuales, dejando a las familias Canarias que no puedan hacerle frente al pago de la cuota hipotecaria sin la ayuda,  al borde del desahucio, por ello exigimos un cambio de rumbo de 180º en la política del Gobierno Canario respecto de los afectados.

La Coordinadora seguirá trabajando para dar cumplimiento a dichas recomendaciones y lograr que el Instituto Canario de la Vivienda acate las recomendaciones del Diputado del Común así como de la Defensora del Pueblo Español, para ello la Coordinadora promoverá la presentación, en breve, en el Parlamento de Canarias de una petición no de ley, con el respaldo inicial de PSOE y “contradictoriamente” también de Coalición Canaria.

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