EL DIARÍO EL PAÍS DEDICA UN COMPLETO REPORTAJE GRÁFICO A LA SITUACIÓN QUE VIVEN LOS AFECTADOS POR LA SUPRESIÓN RETROACTIVA DE LA SUBSIDIACIÓN VPO

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Exigen que el Ministerio anule el carácter retroactivo en la eliminación de subsidios

Recomendamos la lectura y difusión del artículo publicado en El País sobre la situación de los afectados por la supresión retroactiva de la subsidiación VPO [+ENLACE]. Adelantamos aquí unas líneas:

María Eugenia Salguero nunca pensó que acabaría pleiteando contra la Administración a causa de la vivienda de protección pública (VPP) que se compró en 2007. Tiene 35 años, dos hijos y acaba de meterse en un procedimiento contencioso-administrativo “para solicitar lo que por derecho me pertenece”, dice segura de sí misma. ¿Qué es lo que le corresponde? La bonificación que recibía por parte del Ministerio de Fomento de una parte de la cuota mensual de la hipoteca. En su caso, del 20% de una letra que ronda los 450 euros. Una ayuda que se conoce como subsidiación, que se ha concedido con los sucesivos planes de vivienda protegida desde 1998 hasta 2012.

Pero con la llegada de la crisis, el Gobierno adoptó algunos cambios legislativos que han puesto en jaque a María Eugenia y a otras 300.000 familias en toda España –salvo País Vasco y Navarra que tienen regímenes propios–. El primero, el Real Decreto Ley 20/2012 de julio, cuyo artículo 35 suprimió las ayudas de subsidiación de los préstamos del Plan Estatal de Vivienda de 2009-2012. El segundo, una disposición adicional segunda que el Ejecutivo coló en la Ley 4/2013, del 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, por la que “no se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda”. Y desde entonces la guerra está abierta.

Los afectados, agrupados la mayoría en la Coordinadora Nacional de Plataformas de Afectados por la Supresión de la Subsidiación, consideran que el Ejecutivo ha eliminado esas ayudas con carácter retroactivo. “Han cambiado las reglas de juego en mitad del partido. Debido a esto, hay familias que tendrán que pagar entre 90 y 400 euros más al mes en sus hipotecas, aunque siguen sujetos a las mismas obligaciones que cuando compraron la VPO como no poder venderla o alquilarla antes de diez años”, señala Nathalie Santos, portavoz de la Coordinadora. En su lucha, han conseguido el apoyo de diversos partidos políticos y de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que a finales de septiembre del pasado año solicitó a Fomento que cambie su interpretación sobre el citado artículo 35 del RDL 20/2012 e informe de este cambio de criterio a las Comunidades Autónomas, que son las que tramitan las ayudas. Una petición a la que, después, se han sumado homólogos autonómicos como el de Aragón, Canarias, el Síndic de Greuges de Catalunya o el procurador de Castilla y León, entre otros.

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