AQUÍ LA TIENES: NUESTRA EXPOSICIÓN ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO (PDF)

NO TE LO PIERDAS: ASÍ DENUNCIAMOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO LA INJUSTICIA QUE EL GOBIERNO HA COMETIDO CON LOS AFECTADOS VPO. 

Bruselas, a 18 de abril de 2016.

NOSOTROS, ciudadanos de la Unión, agradecemos a este Comité que nos permita aquí, en El Parlamento Europeo, donde reside la soberanía popular, la oportunidad de denunciar las injusticias que el Gobierno de España ha cometido con los afectados de la vivienda protegida en estos últimos años:

PRIMERO, eliminando retroactivamente los subsidios a los préstamos protegidos a cientos de miles de familias; a las que además ha aplicado tipos de interés con tendencias por encima de los del mercado libre;

Y SEGUNDO, tolerando los impagos en las ayudas a la vivienda de los gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana.

Este abuso de poder del Gobierno de España, su desprecio de los principios y derechos consagrados en nuestra Europa, su indiferencia hacia las miles de familias a las que ha abocado a una situación económica insostenible, es lo que venimos a denunciar.

 

EN PRIMER LUGAR, son más de 300.000 las familias afectadas, y por tanto en torno a un millón de personas, a las que el Gobierno de España suprimió retroactivamente la posibilidad de prorrogar la subsidiación de intereses de sus préstamos protegidos.

Se trata de familias que, en la época de la burbuja inmobiliaria, solo podían acceder a una vivienda gracias a estas ayudas, cumpliendo los requisitos socioeconómicos establecidos en los planes de vivienda.

Ahora, desde hace ya casi 4 años, estas familias llevan asumiendo de sus propios bolsillos un sobrecoste de sus hipotecas de entre 90 y 300€ más al mes. Muchas de ellas han de asumir enormes hipotecas a las que no pueden hacer frente sin las ayudas; sin opción a vender o alquilar; todo ello, además, en el marco de crisis económica generalizada.

El Gobierno de España:

– Ha vulnerado el derecho a la vivienda reconocido en la legislación básica de la Unión Europea y del derecho internacional.

– Ha infringido principios jurídicos consagrados en el derecho europeo, como los de seguridad jurídica, de buena fe y de confianza legítima que protege a un particular contra las modificaciones imprevisibles de las normas.

  No se puede legitimar que se prive de la renovación de la ayuda a quien ha adoptado una decisión económica, como es la de pedir un préstamo protegido. No se puede hacer justificándolo en las ventajas para la economía en general, dada su mínima incidencia.

– Además, estos cambios normativos han provocado un caos jurídico, al aplicarse de manera desigual, afectando en unos casos sí y en otros no a beneficiarios en las mismas condiciones.

 

EN SEGUNDO LUGAR, el Gobierno de la Comunidad Valenciana engañó a más de 60.000 familias en la gestión de las ayudas a la vivienda. Generó una deuda superior a los 280 millones de euros, con una demora en los pagos de 6 años.

En los planes de vivienda 2005-2008 y 2009-2012 la Generalitat Valenciana gestionó irregularmente las ayudas:

Dio subvenciones por encima de lo presupuestado, tal y como quedó reflejado en el informe de la Sindicatura de Comptes.

Realizó escasos pagos que, alterando el orden de prelación, terminaron por beneficiar a entidades financieras y a las constructoras.

En 2011, alteró las resoluciones de concesión de las ayudas (conocidas como tipo 501), en las que reconocía únicamente los requisitos para acceder a las mismas pero eludiendo la concesión definitiva. Esta maniobra provocó que 6.000 familias se quedaran sin poder acceder a su ayuda, una vez ya comprometidas con sus préstamos hipotecarios protegidos.

A finales de 2012, desvió el dinero de las ayudas a la vivienda para pagar compromisos judiciales con el ERE del Instituto Valenciano de la Vivienda SA.

No dedicó los fondos finalistas que recibió del Gobierno de España al pago de las ayudas a la rehabilitación y dejó sin resolver numerosas peticiones de ayudas, cuando no las denegó de manera arbitraria.

 

Los afectados realizamos numerosas acciones de protesta y recibimos el apoyo del ndic de Comptes, el ndic de Greuges y de la Defensora del Pueblo.

Pero en 2014, ya desesperados, tuvimos que acudir a los tribunales. Más de 500 juicios ganados por la inactividad de la Administración.

Estas iniciativas, junto con el cambio de gobierno, han permitido fijar un calendario de pagos para la resolución del problema y a día de hoy solo quedan por pagar unos 60 millones de euros.

 

Por todo ello, LOS AFECTADOS PEDIMOS AL PARLAMENTO EUROPEO:

En primer lugar: Que exija al Gobierno de España la derogación de la supresión de las prórrogas de subsidiación, y que, asimismo, recomiende una revisión profunda de los procedimientos para establecer los tipos de interés aplicables a la vivienda protegida.

En segundo lugar: Que inste al Gobierno de España a investigar la gestión llevada a cabo por el gobierno autonómico valenciano y depure las responsabilidades políticas que puedan derivarse.

 

Muchísimas gracias por su atención.

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valencia 

 

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