REUNIONES DE AFECTADOS VPO CON PP, PSOE, UP Y C’S EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Pedimos iniciativas legislativas para la restitución de los derechos y la protección de más de 300.000 familias afectadas por la supresión retroactiva de ayudas a la subsidiación de préstamos protegidos, así como el establecimiento de unos tipos de interés justos, razonables y sociales para la vivienda protegida.

 

HOY diferentes plataformas de afectados acuden a Madrid

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#VPOalCongreso

(MADRID, 1/12/2016) La Coordinadora Nacional, que aúna las plataformas de Afectados por la supresión de la subsidiación de préstamos protegidos a las VPO, acude HOY JUEVES 1-DIC EN MADRID una serie de reuniones con los portavoces de vivienda de PP, PSOE, UP-EC-EM y C’s para promover la puesta en marcha de medidas legislativas para vuelta atrás de la supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de hipotecas VPO, así como el establecimiento de unos tipos de interés justos, razonables y sociales para la vivienda protegida.

La supresión de la subsidiación fue realizada en el Art. 35 RD20/2012 y en la Ley 4/2013 DA2 durante la pasada legislatura y afecta a 300.000 familias de toda España. Esta eliminación ha supuesto un sobrecoste sobrevenido de entre 90 y 300€ más al mes para el pago de la hipoteca. Supone una medida que cuestiona principios jurídicos y derechos sociales.

Vulnera los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, de gran tradición en la normativa europea, que protegen a un particular contra las modificaciones imprevisibles de las normas. La eliminación de la subsidiación mantiene las obligaciones a las familias afectadas a la vez que las desprotege de sus derechos.

Además, provoca un caos jurídico, al haber sido aplicada de manera desigual, afectando en unos casos sí y en otros no a beneficiarios en las mismas condiciones (en general, por la arbitrariedad en la determinación de plazos de aplicación o por diferente redacción de las resoluciones).

En materia de derechos sociales, vacía de contenido material la protección del derecho a la vivienda a la que obliga nuestra Constitución en su artículo 47; derecho que también se reconoce en el Principio 31 de la primera parte de la Carta Social Europea Revisada; la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea; el artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales; así como también el artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La eliminación de las ayudas a la subsidiación es una medida antisocial.

Las familias afectadas tienen que afrontar de sus propios bolsillos un sobrecoste sobrevenido de sus hipotecas en un contexto de grave crisis económica. Muchas familias en condiciones socioeconómicas difíciles no pueden afrontar el incremento en su cuota hipotecaria, de entre 90 y 300€ al mes.

Además, se trata de una medida arbitraria e injusta:

Los tipos de interés aplicables a la vivienda protegida fueron superiores a los del mercado libre, incumpliendo así su función social. Para algunos planes de vivienda, los tipos establecidos incluso ascendían mientras los del mercado libre bajaban en los años de la eliminación (véase: INFORME: EVOLUCIÓN TIPOS APLICABLES A LA VIVIENDA PROTEGIDA 2010-2016).

Precisamente, la subsidiación iba destinada a ayudar al pago de los intereses de los préstamos protegidos. Los afectados no solo se quedaron sin la ayuda, sino que tuvieron que pagar más intereses.

Asimismo, en los últimos años, los tipos de interés establecidos por el Gobierno de España para los préstamos hipotecarios protegidos han incumplido su función social de protección del derecho a la vivienda, infringiendo así la normativa nacional y europea básica.

Para los planes de vivienda 2005-2008 y anteriores, los tipos de interés para la vivienda protegida no han seguido la misma tendencia a la baja que los del mercado libre. Es necesario resaltar que, para el cálculo de estos tipos, el Gobierno de España ha utilizado indicadores no reconocidos en Europa (IRPH de entidades). A esto se suman las arbitrariedades en el procedimiento de cálculo de los tipos cometidas por el Gobierno de España en 2015, que únicamente han beneficiado a las entidades financieras.

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