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HACEMOS VALER LA PNL APROBADA POR EL CONGRESO QUE PEDÍA AL GOBIERNO LA DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS A LA VIVIENDA DE SUBSIDIACIÓN A MÁS DE 300.000 FAMILIAS AFECTADAS. TAMBIÉN DEMANDAMOS UNOS TIPOS DE INTERÉS JUSTOS Y SOCIALES PARA LA VIVIENDA PROTEGIDA.

LA PNL FUE APROBADA EL PASADO 15 DE FEBRERO CON LOS VOTOS DE PSOE, CIUDADANOS Y GRUPO MIXTO (COMPROMÍS, FORO ASTURIAS, ENTRE OTROS).

LA RECUPERACIÓN DE ESTAS AYUDAS ASCENDERÍA A 700 MILLONES DE EUROS, SEGÚN MANIFESTÓ EL PP EN SEDE PARLAMENTARIA. SE TRATA DE UNA CIFRA MUY ELEVADA PERO ASUMIBLE POR EL ESTADO SI SE COMPARA, POR EJEMPLO, CON LOS MÁS DE 240 MILLONES EN AYUDAS A LA VIVIENDA PAGADOS ÚNICAMENTE POR LA GENERALITAT VALENCIANA EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS.

ENVIAMOS LA CARTA AL MINISTRO CON EL APOYO DE MÁS DE 40.000 FIRMAS RECOGIDAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CHANGE.ORG

>>> CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE LA SERNA [PDF] <<<

La Coordinadora Nacional de Afectados por la Subsidiación VPO, a través de la plataforma valenciana Associació Impagats Habitatge CV, ha remitido hoy una carta al Ministro de Fomento D. Íñigo De la Serna para solicitar una reunión urgente con el fin de abordar el deterioro en los derechos y en las condiciones socioeconómicas de cientos de miles de familias que se han visto afectadas, en primer lugar, por la supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de préstamos protegidos y, en segundo lugar, por los tipos de interés injustos y antisociales que se han venido aplicando a la vivienda protegida durante los pasados años.

En la misiva, respaldada por más de 40.000 firmas recogidas a través de Change.org, los afectados hemos hecho valer la proposición no de ley PNL aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados que exige restablecer las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos para la compra de vivienda protegida, devolviendo las prórrogas de subsidiación al momento anterior a su eliminación retroactiva en el art. 35 del RDL-20/2012 y en la segunda disposición adicional de la Ley 4/2013. La legalidad de esta supresión está siendo también investigada por el Parlamento Europeo (a través de la denuncia PETI 2338/2013) en lo que corresponde a la vulneración de la normativa europea tanto del derecho a la vivienda como de los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima.

Las plataformas entendemos que la recuperación de estas ayudas —cifrada en unos 700 millones de euros por la portavoz de vivienda del PP en sede parlamentaria— tiene un coste muy elevado pero perfectamente asumible por el Estado, teniendo en cuenta el marco de recuperación económica, que debe conllevar a su vez la recuperación de derechos sociales, y considerando la gran cantidad de familias que resultarían beneficiadas. Es necesario recordar que Administraciones Autonómicas con presupuestos mucho más modestos, como la Generalitat Valenciana, han logrado abonar en estos pasados años más de 240 millones en ayudas a la vivienda pendientes de pago de etapas previas. Si una Administración como la valenciana, de la mano de la consellera María José Salvador, ha podido hacer frente a esta cantidad en unas condiciones presupuestarias restrictivas, pero con gran esfuerzo y voluntad política, ¿cómo no lo va a poder hacer el Estado, que no está en tan mala situación presupuestaria?

Por otra parte, los afectados queremos transmitir al Ministro De la Serna la urgencia en aplicar unos tipos de interés que sean justos, razonables y sociales para la vivienda protegida. Durante los últimos años, estos tipos de interés no han seguido la misma tendencia a la baja de los del mercado libre. Esta situación insostenible ha dado lugar al inicio de una investigación por parte de la Defensora del Pueblo anunciada el pasado 27 de enero.

La Coordinadora espera que Íñigo De la Serna acepte la reunión con los afectados, después de haberlo intentado infructuosamente por dos veces con la anterior titular de Fomento Ana Pastor, que no aceptó reunirse cuando lo solicitamos en 2014 y 2015.

 

FIRMAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CHANGE.ORG

No a la supresión de la subsidiación de préstamos VPO con carácter retroactivo.

Un tipo de interés justo y más bajo que el de las viviendas libres para las VPO

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