EL BORRADOR DEL NUEVO PLAN DE VIVIENDA 2018-2021 OLVIDA A MÁS DE 300.000 FAMILIAS AFECTADAS POR LA ELIMINACIÓN DE LAS AYUDAS

Se pretende construir el nuevo plan sobre los cimientos de arena de la “inseguridad jurídica” con que el Gobierno dejó a los planes anteriores, en los que 300.000 familias perdieron las ayudas a la vivienda prometidas, mientras siguen atrapadas en un sobrecoste mensual de entre 90 y 300€ en hipotecas que no pueden dejar de pagar, sometidas además a unos tipos de interés por encima del mercado.

El Ministro De la Serna hace oídos sordos al Congreso de los Diputados, que el pasado 15 de febrero aprobó una resolución por la que se urge a restituir las prórrogas de subsidiación VPO que el Gobierno suprimió a las familias afectadas.

La Coordinadora trabaja estos días para incluir 140 millones en las enmiendas parciales a los PGE de 2017 que permita comenzar a recuperar estas ayudas. Se trata una cifra posible y razonable, en un contexto de recuperación económica y de mayor recaudación presupuestaria, teniendo en cuenta además el beneficio social que supondría a la más que deteriorada economía familiar de los miles de afectados de la vivienda protegida.

Si se rescatan autopistas por más de 5.000 millones, si se olvidan casi 1.700 millones del Castor, ¿por qué no rescatar a las más de 300.000 familias afectadas por solo 140 millones?

Tras la presentación del borrador del nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, la Coordinadora Nacional de Afectados VPO, que aúna a las plataformas en lucha contra la eliminación de las ayudas a la vivienda protegida, considera que el Ministro De la Serna hace oídos sordos al Congreso de los Diputados, que, en resolución del pasado 15 de febrero, le urge a restituir las prórrogas de subsidiación VPO que el Gobierno suprimió a las miles de familias afectadas.

La Coordinadora de Afectados VPO va a trabajar con los partidos políticos, durante su tramitación parlamentaria, para incorporar en este articulado la recuperación de las ayudas a las familias, que el propio Congreso de los Diputados validó.

140 millones en PGE-2017 para recuperar las ayudas a la vivienda

Paralelamente los afectados hemos iniciado una ronda de contactos entre las fuerzas parlamentarias para promover la inclusión en los PGE 2017 de la correspondiente partida que permita restituir las prórrogas de subsidiación de préstamos protegidos VPO a más de 300.000 familias. Los afectados exigimos la inclusión de esta partida presupuestaria para que se cumpla la resolución de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, del pasado 15 de febrero, por la que se pide la vuelta atrás en los recortes en vivienda protegida realizados en 2012 y 2013.

En sede parlamentaria, la portavoz de vivienda del Grupo Popular, Ana Zurita, cifró la devolución de estas ayudas en un total de 700 millones. Los afectados entendemos que se trata de una gran cifra y, por ello, proponemos que en general esta cantidad sea devuelta a los afectados en los 5 años que, de hecho, preveían los planes de vivienda en su momento. Por ello, estaríamos hablando de reservar tan solo una cantidad de 140-150 millones para los Presupuestos de 2017, así como el compromiso de un montante similar durante los próximos cuatro ejercicios presupuestarios siguientes.

La cifra de 140-150 millones es perfectamente asumible por los PGE-2017, con que solo se repitiera ligeramente al alza la asignación presupuestaria a la Política de Vivienda del ejercicio anterior. Efectivamente, la Política 26 para el Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación ha sufrido una reducción de 121 millones (de los ya exiguos 587 millones de los PGE-2016 a los 466 de PGE-2017).

Asimismo, la asignación para la partida presupuestaria 17.261N.782, dedicada a RBE Renta Básica de Emancipación y Subsidiación de las VPO, se encuentra en caída libre desde que el Gobierno de Rajoy suprimiera retroactivamente estas ayudas en los recortes sociales de 2012 y 2013.

Además de asumible, la restitución de estas ayudas es más que razonable, en un contexto de recuperación económica y de mayor recaudación presupuestaria, teniendo en cuenta además el beneficio social que supondría a la más que deteriorada economía familiar de los miles de afectados de la vivienda protegida, que están asumiendo un sobrecosto hipotecario mensual de entre 90 y 300€.

Asimismo, la cifra de 140 millones no es comparable al volumen de otras cifras que baraja Fomento, como el rescate de las autopistas, que según se estima podría superar los 5.000 millones, o el olvido de la indemnización del Castor, que roza los 1.700 millones.

En todo caso, si se recuperó con justicia otros recortes sociales del RD-20/2012, como sí ocurrió con la paga extra de los funcionarios (cifrada en más de 2.500 millones para todas las AAPP), ¿Por qué no recuperar también las ayudas a la vivienda que tenían concedidas las más de 300.000 familias?

Con estas razones, los afectados confiamos en la sensibilidad social de los grupos parlamentarios para que aprueben la recuperación de estas ayudas que fueron injustamente suprimidas a miles de familias en los recortes sociales de 2012 y 2013.

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