EL GOBIERNO NO CONTESTA AL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA SUPRESIÓN DE LA @SUBSIDIACION VPO

EL GOBIERNO LLEVA 8 MESES SIN CONTESTAR AL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA SUPRESIÓN DE LAS AYUDAS A LAS VPO


EL 16 DE JUNIO DE 2016, LA EUROCÁMARA REMITIÓ UN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE “REPER”, ENTONCES DIRIGIDA POR EL ACTUAL MINISTRO DE EXTERIORES ALFONSO DASTIS. DESPUÉS DE 8 MESES, EL GOBIERNO SIGUE SIN CONTESTAR AL PARLAMENTO EUROPEO.

MIENTRAS EL EJECUTIVO DE RAJOY PIERDE TIEMPO, LAS MÁS DE 300.000 FAMILIAS AFECTADAS PASAN DIFICULTADES MES A MES PARA PAGAR SU HIPOTECA, SIN LAS AYUDAS PROMETIDAS Y CON TIPOS DE INTERÉS POR ENCIMA DEL MERCADO LIBRE.

EL REQUERIMIENTO PEDÍA AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE JUSTIFICARA LAS “RESTRICCIONES EN SUBSIDIACIÓN”, EN REFERENCIA A LA SUPRESIÓN RETROACTIVA DE LAS AYUDAS A LOS PRÉSTAMOS CONVENIDOS VPO.

AL MISMO TIEMPO, LA EUROCÁMARA SOLICITÓ EXPLICACIÓN POR LOS ELEVADOS TIPOS DE INTERÉS APLICABLES A LA VIVIENDA PROTEGIDA, QUE HAN EVOLUCIONADO POR ENCIMA DE LOS DEL MERCADO LIBRE.

LAS EURODIPUTADAS MARINA ALBIOL, BEATRIZ BECERRA, INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO Y ÁNGELA VALLINA LOGRARON QUE SE CONTINUARA INVESTIGANDO LA LEGALIDAD DE ESTA SITUACIÓN EN LA SESIÓN MANTENIDA EL PASADO 18 DE ABRIL EN BRUSELAS.

(MADRID 8/2/2017) Los afectados por la eliminación de las ayudas a la vivienda protegida seguimos esperando que Rajoy se digne contestar al Parlamento Europeo sobre nuestra causa. El Parlamento Europeo sigue sin recibir de la Representación Permanente “REPER” el informe requerido el pasado 16 de junio de 2016 al entonces Embajador y hoy Ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.

En el requerimiento se pedían explicaciones por las “restricciones en subsidiación”, haciendo referencia a la supresión retroactiva de las prórrogas de subsidiación de préstamos convenidos VPO, al existir la posibilidad de que infringiera normativa europea, según se discutió en sesión del Comité de Peticiones el pasado 18 de abril, en Bruselas. Esta supresión fue realizada en el RDL 20/2012 Art. 35 y la Ley 4/2013 Disp. Adic. Segunda y ha afectado a más de 300.000 familias, que han tenido que asumir un sobrecoste de entre 90 y 300€ más al mes por su préstamo hipotecario protegido.

Esta petición también incluye, según se acordó en la sesión del 18 de abril, una petición de información sobre la evolución de los tipos de interés de la vivienda protegida. Tal como denunciamos en Bruselas, los tipos aplicables a las VPO, que son fijados por el Ministerio de Fomento a partir del indicador IRPH, han seguido unas tendencias por encima de los del mercado libre, caracterizado por la bajada del Euribor. Esto podría contravenir normativa europea sobre vivienda, de manera especial, por el rechazo de Bruselas a que se tome el IRPH como referencia para la vivienda protegida.

Con la información que reciba, la Comisión Europea dictará un nuevo informe que podría exigir al Gobierno de España la devolución de las ayudas a las 300.000 familias afectadas y un cambio a la baja en los tipos de interés que se están fijando para la vivienda protegida.

Las intervenciones de las eurodiputadas Marina Albiol, Beatriz Becerra, Inmaculada Rodríguez-Piñero y Ángela Vallina lograron que se continuara investigando la legalidad de esta situación en la sesión mantenida el pasado 18 de abril en Bruselas, lo que mantiene abierta la esperanza en recuperar los derechos de los afectados.

Los afectados exigimos al Gobierno de Rajoy que responda YA al Parlamento Europeo para que éste pueda seguir sus investigaciones sobre la legalidad de los recortes sociales que tantas familias estamos sufriendo en materia de vivienda protegida.

 

RECORDAMOS QUE…

El pasado 18 de abril de 2016, los afectados VPO acudimos a denunciar en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (Bruselas) la situación de más de 300.000 familias a las que el Gobierno suprimió retroactivamente la ayuda a la subsidiación de los intereses de su préstamo hipotecario protegido.

En la Comisión de Peticiones se consiguió que el Parlamento Europeo:

  • Que exija al Gobierno de España la derogación de la supresión de las prórrogas de subsidiación de préstamos hipotecarios protegidos (art.35 del RDL20/2012 y segunda disposición adicional Ley 4/2013).
  • Que recomiende al Gobierno de España una revisión profunda de los procedimientos para establecer los tipos de interés aplicables a las viviendas protegidas, que en los últimos años han evolucionado con tendencias por encima del Euribor.
  • Que recomiende al Gobierno de España el inicio de una investigación sobre los impagos en materia de ayudas a la vivienda llevados a cabo por el anterior gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana y que afectó a más de 60.000 familias.

AQUÍ LA TIENES: NUESTRA EXPOSICIÓN ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO (PDF)

NO TE LO PIERDAS: ASÍ DENUNCIAMOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO LA INJUSTICIA QUE EL GOBIERNO HA COMETIDO CON LOS AFECTADOS VPO. 

Bruselas, a 18 de abril de 2016.

NOSOTROS, ciudadanos de la Unión, agradecemos a este Comité que nos permita aquí, en El Parlamento Europeo, donde reside la soberanía popular, la oportunidad de denunciar las injusticias que el Gobierno de España ha cometido con los afectados de la vivienda protegida en estos últimos años:

PRIMERO, eliminando retroactivamente los subsidios a los préstamos protegidos a cientos de miles de familias; a las que además ha aplicado tipos de interés con tendencias por encima de los del mercado libre;

Y SEGUNDO, tolerando los impagos en las ayudas a la vivienda de los gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana.

Este abuso de poder del Gobierno de España, su desprecio de los principios y derechos consagrados en nuestra Europa, su indiferencia hacia las miles de familias a las que ha abocado a una situación económica insostenible, es lo que venimos a denunciar.

 

EN PRIMER LUGAR, son más de 300.000 las familias afectadas, y por tanto en torno a un millón de personas, a las que el Gobierno de España suprimió retroactivamente la posibilidad de prorrogar la subsidiación de intereses de sus préstamos protegidos.

Se trata de familias que, en la época de la burbuja inmobiliaria, solo podían acceder a una vivienda gracias a estas ayudas, cumpliendo los requisitos socioeconómicos establecidos en los planes de vivienda.

Ahora, desde hace ya casi 4 años, estas familias llevan asumiendo de sus propios bolsillos un sobrecoste de sus hipotecas de entre 90 y 300€ más al mes. Muchas de ellas han de asumir enormes hipotecas a las que no pueden hacer frente sin las ayudas; sin opción a vender o alquilar; todo ello, además, en el marco de crisis económica generalizada.

El Gobierno de España:

– Ha vulnerado el derecho a la vivienda reconocido en la legislación básica de la Unión Europea y del derecho internacional.

– Ha infringido principios jurídicos consagrados en el derecho europeo, como los de seguridad jurídica, de buena fe y de confianza legítima que protege a un particular contra las modificaciones imprevisibles de las normas.

  No se puede legitimar que se prive de la renovación de la ayuda a quien ha adoptado una decisión económica, como es la de pedir un préstamo protegido. No se puede hacer justificándolo en las ventajas para la economía en general, dada su mínima incidencia.

– Además, estos cambios normativos han provocado un caos jurídico, al aplicarse de manera desigual, afectando en unos casos sí y en otros no a beneficiarios en las mismas condiciones.

 

EN SEGUNDO LUGAR, el Gobierno de la Comunidad Valenciana engañó a más de 60.000 familias en la gestión de las ayudas a la vivienda. Generó una deuda superior a los 280 millones de euros, con una demora en los pagos de 6 años.

En los planes de vivienda 2005-2008 y 2009-2012 la Generalitat Valenciana gestionó irregularmente las ayudas:

Dio subvenciones por encima de lo presupuestado, tal y como quedó reflejado en el informe de la Sindicatura de Comptes.

Realizó escasos pagos que, alterando el orden de prelación, terminaron por beneficiar a entidades financieras y a las constructoras.

En 2011, alteró las resoluciones de concesión de las ayudas (conocidas como tipo 501), en las que reconocía únicamente los requisitos para acceder a las mismas pero eludiendo la concesión definitiva. Esta maniobra provocó que 6.000 familias se quedaran sin poder acceder a su ayuda, una vez ya comprometidas con sus préstamos hipotecarios protegidos.

A finales de 2012, desvió el dinero de las ayudas a la vivienda para pagar compromisos judiciales con el ERE del Instituto Valenciano de la Vivienda SA.

No dedicó los fondos finalistas que recibió del Gobierno de España al pago de las ayudas a la rehabilitación y dejó sin resolver numerosas peticiones de ayudas, cuando no las denegó de manera arbitraria.

 

Los afectados realizamos numerosas acciones de protesta y recibimos el apoyo del ndic de Comptes, el ndic de Greuges y de la Defensora del Pueblo.

Pero en 2014, ya desesperados, tuvimos que acudir a los tribunales. Más de 500 juicios ganados por la inactividad de la Administración.

Estas iniciativas, junto con el cambio de gobierno, han permitido fijar un calendario de pagos para la resolución del problema y a día de hoy solo quedan por pagar unos 60 millones de euros.

 

Por todo ello, LOS AFECTADOS PEDIMOS AL PARLAMENTO EUROPEO:

En primer lugar: Que exija al Gobierno de España la derogación de la supresión de las prórrogas de subsidiación, y que, asimismo, recomiende una revisión profunda de los procedimientos para establecer los tipos de interés aplicables a la vivienda protegida.

En segundo lugar: Que inste al Gobierno de España a investigar la gestión llevada a cabo por el gobierno autonómico valenciano y depure las responsabilidades políticas que puedan derivarse.

 

Muchísimas gracias por su atención.

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valencia 

 

TÚ DECIDES: EL PRÓXIMO PARLAMENTO EUROPEO VOTARÁ NUESTRA DEMANDA CONTRA LA SUPRESIÓN RETROACTIVA DE LA SUBSIDIACIÓN VPO

LA COORDINADORA NACIONAL DE AFECTADOS PRESENTÓ EN OCTUBRE PASADO UNA DEMANDA AL PARLAMENTO EUROPEO PARA QUE EXIGIERA LA DEROGACIÓN DE LA SUPRESIÓN RETROACTIVA DE LA SUBSIDIACIÓN VPO. ESTÁ DEMANDA SIGUE SU TRAMITACIÓN Y SERÁ VOTADA EN LAS SESIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO QUE SE CONSTITUYA EL 25 DE MAYO.

TÚ PUEDES DECIDIR LA COMPOSICIÓN DEL PRÓXIMO PARLAMENTO

elecciones-europeas

EL GOBIERNO DE RAJOY HABRÍA VULNERADO PILARES BÁSICOS DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA

LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 4/2013 VIOLARÍA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, IRRETROACTIVIDAD, CONFIANZA LEGÍTIMA Y DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA, ENTRE OTROS.

FOMENTO HABRÍA VULNERADO LA CARTA SOCIAL EUROPEA Y LA CARTA DE DERECHOS SOCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA (DEL TRATADO DE LISBOA)

PEDIMOS A LA INSTITUCIÓN EUROPEA QUE INICIE LOS PROCEDIMIENTOS OPORTUNOS PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE DEROGUE LAS DISPOSICIONES QUE SUPRIMEN RETROACTIVAMENTE DERECHOS ADQUIRIDOS DE MÁS DE 300.000 FAMILIAS.

 

>> DESCARGA LA DENUNCIA AQUÍ <<

La Coordinadora Nacional de Afectados, a través de la petición conjunta de la Asociación de Impagados Ayudas a la Vivienda de la Comunidad Valenciana, presentó el pasado 28 de octubre de 2013 una denuncia formal ante el Parlamento Europeo por la supresión retroactiva de las ayudas a la subsidiación de préstamos protegidos VPO. Los afectados entendemos que se ha suprimido unos derechos adquiridos de forma retroactiva y que esto vulnera principios básicos del derecho europeo.

La Coordinadora solicita al Parlamento europeo que inicie los procedimientos oportunos para exigir al Gobierno de España que derogue la Disposición Adicional II de la Ley 4/2013, y la restitución de todas las ayudas al préstamo cualificado / convenido, ya sea por solicitudes de subsidiación nuevas, solicitudes de prórroga, renovaciones, etc… derivadas de los distintos Planes de Vivienda, esto es, 1998-2001, 2002-2005, 2005- 2008 y 2009-2012.

La denuncia se ha formalizado a través de una petición conjunta con la Asociación de Impagados de Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana, cuyos afectados denuncian además el impago de la parte autonómica de las ayudas a la vivienda desde hace más de 4 años, estimada en unos 250 millones de euros.

El Gobierno del Rajoy suprimió las ayudas retroactivamente mediante dos cambios normativos ad hoc: el artículo 35 del RDL 20/2012, de 13 de julio, (al que hay que sumar un documento de carácter interno – sin valor legal -que reinterpreta el contenido de dicho artículo) y la Disposición Adicional Segunda de La Ley 4/2013 (recurrida ante el TC, recurso que ha sido admitido el pasado 8 de octubre).

Estas disposiciones suprimen derechos adquiridos a más de 300.000 familias vulnerando principios de derecho comunitario. En el ámbito europeo los principios del derecho tienen el máximo nivel legal, equiparados a las normas de derecho originario. El Tribunal de Justicia ha constatado los principios generales comunes a todos los sistemas jurídicos nacionales y compatibles con los objetivos de la Comunidad, el de la seguridad jurídica (emparentado con el principio de no retroactividad de las disposiciones comunitarias que también reconoce la Constitución Española en su artículo 9.3) y el de la confianza legítima que protege a un particular contra las modificaciones imprevisibles del Derecho.

 Los afectados entendemos que se ha suprimido estos derechos de forma retroactiva, incumpliendo los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, pues los términos en que la Administración debía renovar estas peticiones quedan perfectamente reflejados en los planes de vivienda y tienen como único criterio la valoración de la renta respecto de los correspondientes indicadores económicos (por ejemplo, IPREM), a efectos de actualizar la cuantía económica que se subsidia. En ningún caso estos planes de vivienda atribuyen potestad de la Administración para cancelar o dejar unilateralmente de renovar estas ayudas. El único supuesto legalmente contemplado es el que se refiere al cumplimiento de los requisitos económicos por los beneficiarios de las mismas. No obstante, el Gobierno de España ha suprimido toda ayuda a los planes anteriores al de su legislatura, cuyo derecho estaba consolidado.

Por otra parte, el Gobierno de Rajoy habría vulnerado también el derecho a una vivienda digna tal como se recoge en el artículo 31 del Carta Social Europea de 1961 y en el artículo 34.3 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

VULNERACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN de los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia, respeto a los derechos de los afectados, buena fe y confianza legítima
VULNERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN de la carta de los derechos fundamentales de la Union Europea Social Europea Y Del Tratado De Lisboa firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007
VULNERACIÓN DEL DERECHO a la vivienda digna y de los derechos de los ciudadanos que tenían ayuda para el acceso a una vivienda de protección oficial.

RECORDAMOS QUE:

  • EL PASADO 8 DE OCTUBRE, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL YA ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 4/2013.
  • LA DEFENSORA DEL PUEBLO Y UNA SENTENCIA JUDICIAL DE CASTELLÓN HAN DESAUTORIZADO LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS DEL ART. 35 RDL 20/2012 QUE APLICABA FOMENTO
  • LOS AFECTADOS HEMOS RECOGIDO 7000 FIRMAS SOLICITANDO EL CESE INMEDIATO DE LA DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA PILAR MARTÍNEZ, RESPONSABLE DE ESTOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS DESLEGITIMADOS POR LA DEFENSORA Y POR LOS TRIBUNALES.

 

Descarga la versión breve de la petición al Parlamento Europeo 

Descarga la versión larga de la petición, con la parte de impagos de la GV

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