LA CARTA DE LOS AFECTADOS COMUNICA LA EXISTENCIA DE SENTENCIAS BLOQUEADAS EN LOS JUZGADOS ORDINARIOS E INSTA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A RESOLVER EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD SIN DEMORA.
SE CUMPLEN YA DOS AÑOS DESDE QUE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FUE ADMITIDO A TRÁMITE.
LA COORDINADORA NACIONAL, CONJUNTAMENTE CON LA ASOCIACIÓN IMPAGADOS VIVIENDA CV, HA IDENTIFICADO AL MENOS 43 SENTENCIAS SUSPENDIDAS EN LOS JUZGADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, PERO PODRÍAN SER BASTANTES MÁS. ADEMÁS, APUNTA LA EXISTENCIA DE MUCHAS MÁS SENTENCIAS SUSPENDIDAS EN EL RESTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
>> CARTA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL [AQUÍ] <<
Los afectados hemos comunicado al Tribunal Constitucional la existencia de numerosas sentencias bloqueadas en juzgados ordinarios a la espera de que se pronuncie sobre nuestra difícil situación.
En concreto, a través de la Asociación Impagados Vivienda CV, se han identificado al menos 43 sentencias suspendidas en los juzgados de la Comunidad Valenciana a la espera de que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que nos afecta. En próximas notificaciones, daremos cuenta del número de sentencias bloqueadas en el resto de plataformas.
El motivo de esta carta es que, a diferencia de la cuestión de constitucionalidad, los juzgados no suelen notificar al Constitucional las suspensiones de sentencia. De este modo, ponemos en conocimiento de este Tribunal la situación de bloqueo que viven los afectados VPO.
El recurso de inconstitucionalidad fue promovido por la Coordinadora Nacional de Plataformas para defender a los afectados contra la supresión retroactiva de las ayudas a la subsidiación de préstamos protegidos, llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy en el año 2013. Fue finalmente presentado por el Partido Socialista y admitido a trámite por el Tribunal hace dos años.
Durante estos dos años, los afectados estamos padeciendo los efectos de esta supresión antisocial e injusta, teniendo que afrontar incrementos en nuestras mensualidades de entre 90 y 200 euros, y de hasta 300 euros dependiendo del plan de vivienda. Además, en muchos casos, los afectados empiezan a encontrarse entre la espada y la pared ya que no les llega para pagar la cuota y, a la vez, no pueden vender o alquilar su vivienda debido a las restricciones propias de las VPO.
Así pues, debido al número de sentencias paralizadas en los juzgados valencianos y a la situación crítica que viven los afectados, proponemos al Tribunal Constitucional que adopte las medidas oportunas para resolver con urgencia el recurso de inconstitucionalidad nº 5108/2013. Al mismo tiempo, nos ponemos a su disposición por si requiere mayor información.
