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ZARAGOZA. El nuevo Director Gral. de Vivienda, Sr. D. Juan Van-Halen, se estrena con una nueva petición sobre la mesa de su despacho, proveniente de El Justicia de Aragón, pidiendo la rectificación de la supresión retroactiva de estas ayudas.
El Justicia de Aragón recomienda que se revoquen las denegaciones retroactivas de las prórrogas de subsidiación VPO dictadas en base al artículo 35 del RDL 20/2012.
El Justicia de Aragón ha contestado a la queja presentada por parte de D. Ángel de Sancha en calidad de Representante de relaciones institucionales de la Coordinadora Nacional de Plataformas de afectados por la supresión de la subsidiación de préstamos VPO, realizando las siguientes recomendaciones:
– Recomendar al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón, que se proceda a revocar las resoluciones denegatorias de ampliación del período inicial de subsidiación de los préstamos convenidos para la adquisición de viviendas protegidas en relación con los Planes de Vivienda anteriores al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, acordadas en aplicación del Art. 35 citado, hasta el 6 de junio de 2013.
– Que se proceda a reconocer la ampliación solicitada en los términos señalados en el Plan aplicable, una vez comprobado el mantenimiento del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Plan de Vivienda al amparo del cual se reconoció el préstamo correspondiente y en ese mismo sentido a resolver las solicitudes pendientes de resolución.
En último lugar emplaza al departamento a una contestación razonada en el plazo de un mes.
El Justicia se suma así a la petición de otros defensores autonómicos, como el Síndic De Greuges, el Valedor do Pobo, el Diputado el común de Canarias o el Procurador del Común de Castilla y León apoyando así la denuncia que ya hiciera la Defensora del Pueblo Dª. Soledad Becerril, de la interpretación extensiva y retroactiva del Art. 35 sostenida por la anterior Directora Gral de Vivienda.
Ante el nuevo escenario abierto por la fulminante destitución de la Directora General de Vivienda, Dña. Pilar Martínez, la Coordinadora Nacional de Plataformas de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO acuerda:
MANIFESTAR su satisfacción por el cese de quien ideó y dirigió la campaña de supresión “retroactiva” de las prórrogas de subsidiación a más de 300.000 familias, muchas de ellas en situación socioeconómica difícil. Esta supresión ha supuesto a estas familias pagar entre 90 y 400 euros más al mes por su préstamo protegido, manteniendo las limitaciones propias de las VPO, como la imposibilidad de vender o alquilar. Dña. Pilar Martínez suprimió estas ayudas de forma retroactiva, eliminando un derecho adquirido por estas familias en el momento en que compraron su vivienda —la mayoría a precios de burbuja—, quitándoles un dinero con el que ya contaban.
RECORDAR que la actitud de la exdirectora hacia las demandas de los afectados colocó al Ministerio de Fomento en un callejón sin salida:
RECORDAR, finalmente, que Dña. Pilar Martínez mostró el perfil más antisocial e intransigente del Gobierno de Rajoy en la reunión que mantuvimos el pasado septiembre, en donde despreció las dificultades de las familias afectadas que no podían pagar su hipoteca, instándolas a vender sus hogares —mostrando, por otra parte, un absoluto desconocimiento de la legislación en vivienda protegida, que lo prohíbe.
PROMOVER con el nuevo Director, Sr. D. Juan Van-Halen, y con la Ministra, Sra. Dña. Ana Pastor, nuevos cauces de diálogo que permitan restablecer la legalidad perdida para las prórrogas de la subsidiación de préstamos protegidos y, con ello, dar una salida a la difícil situación que están viviendo día a día las miles de familias españolas afectadas.
La Asamblea de Extremadura ha aprobado de forma unánime la moción del Grupo Socialista para que la Junta de Extremadura revise de oficio para darles curso favorable o prórroga, a las resoluciones denegadas sobre ayudas a la subsidiación de préstamos en viviendas de protección oficial antes de junio de 2013 fecha de la entrada en vigor de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013 Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
Aquí tenéis un enlace a la noticia:
Aquí la intervención íntegra:
http://www.youtube.com/watch?v=tUan3WDPkVQ
HAZ CLIC PARA LEER EL INFORME
(VALENCIA, 19/3/2014) Un informe de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana [clic aquí], fechado el pasado 14 de marzo y dirigido a la Associació Impagats Habitatge de la Comunitat Valenciana y a la Coordinadora Nacional de Afectados por la Subsidiación VPO, en contestación por su solicitud conjunta de queja, exige la revocación de las denegaciones de las ayudas a la subsidiación y el consiguiente pago de las ayudas a la vivienda. El Síndic se alinea así con la Defensora del Pueblo y otros defensores autonómicos que han denunciado la ilegalidad de la supresión de estas ayudas por parte de Fomento. La Síndica en funciones, Emilia Caballero, resuelve:
Estimamos oportuno RECOMENDAR a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que asuma las recomendaciones efectuadas por la Defensora del Pueblo y, en su consecuencia, proceda, sin más dilaciones, al abono de las ayudas otorgadas en materia de acceso al derecho de vivienda.
LA SINDICATURA CONSTATA EL PASOTISMO DE BONIG EN ESTE TEMA
El silencio de Isabel Bonig y de Alberto Fabra sobre esta cuestión ha exasperado a los afectados y a la propia Sindicatura, que ha reflejado en su informe la actitud obstruccionista de la consellera del siguiente modo:
Pese haber requerido a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en varias ocasiones, en concreto en fechas 22/11/2013, en fecha 02/01/2014 y en fecha 03/02/2014, nos informase respecto a las actuaciones llevadas a cabo en relación con la petición efectuada por la Plataforma “Associació d’Impagats Habitatge Comunidad Valenciana“, a fecha de hoy dicha Conselleria sigue sin haber dado respuesta a la información solicitada. […] el silencio mostrado por dicha Conselleria no puede ser obstáculo ni tampoco impedimento alguno para que desde esta Institución se desplieguen los mecanismos y se ejerciten las facultades petinentes en aras a la tutela y protección de las personas afectadas por la no percepción de las ayudas otorgadas para el acceso a la vivienda.
Queda constatado, pues, que la estrategia de Bonig es no contestar, callar, obstaculizar… a ver si así no paga… cerrando los ojos a los problemas que día a día tenemos las miles de familias afectadas valencianas.
Al caos absoluto en la gestión de las ayudas a la vivienda que ya evidenció el informe del Síndic de Comptes el pasado diciembre, hay que sumar ahora el abandono y pasotismo con el que Isabel Bonig está tratando a los afectados por la supresión retroactiva de la subsidiación VPO. Aunque se trata de una ayuda estatal, es gestionada en el ámbito autonómico en cuanto al reconocimiento y tramitación.
Después de cuatro meses desde que el Síndic de Greuges pidiera a la Conselleria de Infraestructura un informe de pronunciamiento sobre la aplicación de las indicaciones de la Defensora del Pueblo en materia de ayudas a la subsidiación VPO, que la Associació Impagats Habitatge CV y la Coordinadora Nacional de Afectados han impulsado, la consellera Bonig sigue sin contestar a esta petición. La “actitud pasota” de la consellera ha estado obstaculizando el trámite que sigue la demanda que los afectados hemos promovido ante el Síndic de Greuges. Mientras tanto, somos los afectados los que estamos sufriendo en nuestra piel este considerable retraso, porque siguen denegando nuestras peticiones de subsidiación, siguen corriendo los plazos legales de reclamación y nos abocan a la vía judicial individual para reclamar.
El pasado 22 de noviembre de 2013, el Síndic solicitó un informe a la Conselleria para escuchar su opinión sobre la aplicación en el ámbito de la Comunitat Valenciana de las indicaciones de la Defensora del Pueblo sobre la supresión retroactiva de la subsidiación VPO. Trascurrido más de un mes sin recibir respuesta, el pasado 2 de enero de 2014 la Sindicatura solicitó por segunda vez
dicho informe, por tercera vez el 3 de febrero de 2014, y, según nos han informado, a fecha de hoy 20 de marzo de 2014 aún no ha sido recibido.
Por otra parte, en la reunión que mantuvimos el pasado 9 de diciembre, el Director General de Vivienda, Vicente Dómine, nos indicó que en el plazo de una semana la Conselleria fijaría su posición sobre la cuestión. Sin embargo, no nos consta que se haya ya pronunciado al efecto.
INDICACIONES DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El pasado 26 de septiembre de 2013, la Defensora del Pueblo dictó unas indicaciones en las que consideraba que las denegaciones de las renovaciones de la subsidiación se estaban haciendo mediante una “interpretación extensiva” (y, por lo tanto, ilegal) del Art. 35 del RD20/2012 de los recortes sociales. Por lo tanto, instaba a las CCAA a que procedieran a revocar todas las resoluciones denegatorias y dictasen nuevas resoluciones aprobando las ayudas. Se trata de una demanda que, de hecho, ya se está aplicando en otras comunidades como Castilla-León (del PP), en donde su dirección general de vivienda y el Procurador del Común han respaldado la interpretación de la Defensora a favor de los afectados.
Esta petición alcanza a los afectados que hayan presentado su solicitud de renovación antes del 6 de junio de 2013, fecha en que entró en vigor la Ley 4/2013 que nos elimina retroactivamente estas ayudas y que tiene planteado un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite y pendiente de resolución. Los afectados deben seguir presentando estas resoluciones pues, de lo contrario, perderían el derecho a reclamar su ayuda en el caso de que el Tribunal Constitucional nos diera la razón.
LA POSICIÓN DE LOS AFECTADOS SOBRE LA SUPRESIÓN RETROACTIVA DE LA SUBSIDIACIÓN
La supresión de la renovación de la subsidiación VPO supone una violación del principio constitucional de irretroactividad de las normas sancionadoras y de seguridad jurídica. Nosotros compramos unas viviendas protegidas contando con unas ayudas que íbamos a percibir según establecían los planes de vivienda; ayudas que ahora nos suprimen retroactivamente. Encima, seguimos sometidos a serias restricciones propias de la vivienda pública (imposibilidad de vender, alquilar en primeros 10 años, luego a precios fijos, con intereses por encima del mercado fijados por el Ministerio, etc.). Los afectados nos encontramos entre la espada y la pared, atrapados en una estafa VPO.
Las indicaciones de la Defensora del Pueblo no cubre todas nuestras demandas, pues no se pronuncia sobre la irretroactividad de la última confabulación del Gobierno de Rajoy al aprobar de extranjis una disposición adicional en la Ley 4/2013 que no trata sobre la vivienda protegida, sino sobre el alquiler en general. Afortunadamente, esta ley se encuentra en trámite de inconstitucionalidad desde el pasado 8 de octubre de 2013.
Sin embargo, consideramos que las indicaciones de la Defensora del Pueblo deben de cumplirse por parte de la Administración. Estas indicaciones permiten que un buen número de afectados puedan beneficiarse de la medida. Además, los tribunales nos están dando la razón, pues todas las sentencias que se han dictado hasta la fecha han sido favorables a los afectados.
Ante la serie de sentencias favorables por parte de los tribunales, los afectados entendemos que resulta inadmisible que la Administración siga exigiéndonos que acudamos a la vía contenciosa de forma individual para reclamar un derecho que entendemos nos corresponde. La Administración debería obrar de oficio y aceptar las indicaciones de la Defensora, en el sentido indicado.
