Hacemos público un resumen de todas nuestras denuncias sobre la supresión de la subsidiación. Si nos hemos dejado alguna, no dudéis en añadir un comentario indicándonoslo. Gracias.

DENUNCIAMOS:

  • Que la 2DA de la Ley 4/2013 y el Art. 35 del RDL 20/2012 nos suprimen retroactivamente el derecho a renovar y violan por ello el principio de legalidad jurídica (art. 9.3 de la Constitución)
  • Que la interpretación que hace el Minisiterio del Art. 35 del RDL 20/2012 incluye planes de vivienda no mencionados en el articulado.
  • Que se produce una contradicción entre diferentes reales decretos y leyes, como ocurre con la Ley Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, en donde se afirma que se debe mantener la subsidiación, dada la situación crítica que viven muchos ciudadanos.
  • Que la Administración incumple su parte de obligaciones con los adquirientes de vivienda protegida, unas obligaciones que están selladas en la escritura notarial de compra-venta. Mientras tanto, los afectados seguimos atrapados en una condiciones que nos impiden vender la vivienda en 10 años, o alquilarla para poder pagar nuestra hipoteca, entre otras.
  • Que la propia Administración está poniéndonos obstáculos para obtener los informes preceptivos de los bancos y para presentar incluso las solicitudes de renovación. Incluso, en algunas Administraciones se está poniendo dificultades a los afectados para presentar la solicitud de renovación. La información que ofrece en sus Web intenta disuadir a los afectados de que presenten solicitudes.
  • Que el PP incluyó 2DA en tramitación de la Ley 4/2013 a última hora de la tramitación, «a escondidas», en una ley que no versa sobre esa cuestión, sino sobre alquiler.
  • Con estas medidas, la política de vivienda protegida desaparece, inclumpliendo con ello la Constitución (art. 47 de la Constitución)
  • Denunciamos que se ha producido un tratamiento desigual y discriminatorio hacia los afectados en las actuaciones del Gobierno al observar que:
    • Por una parte, las ayudas pudieron ser capitalizadas en su momento. Los que recibieron la subsidiación con posterioridad, se han visto afectados por la supresión; en cambio, los que la capitalizaron, no.
    • Por otra parte, se ha producido produce un agravio comparativo entre los que presentaron su solicitud antes o después de fecha de la entrada en vigor de los RDL 20/2012 y Ley 4/2013, a pesar de encontrarse en las mismas condiciones de renovación. El plazo de solicitud de la renovación es todo el quinto año. Los que fortuitamente presentaron su solicitud antes, reciben la ayuda; los que lo realizaron con posterioridad, se ven afectados por la supresión.
    • Asimismo, la Ministra Ana Pastor ha afirmado que “sí” tramitará las ayudas que corresponden a los adjudicatarios de vivienda protegida que hayan caído en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), como ocurre con las 583 VPO de la promoción Isbylia, en el Polígono Aeropuerto de Sevilla. En cambio, al suprimirnos la subsidiación, discrimina a todos los compradores de VPO que sí teníamos reconocidas esas ayudas.

Somos más de 300.000 afectados en todo el territorio español, que verán incrementada la cuota de su hipoteca entre 90 y 200 euros al mes. Ciudadanos que adquirieron su vivienda VPO a precios de burbuja y cuyas ayudas son fundamentales y necesarias para hacer frente a todos los gastos.

Los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones en un contexto económico de enorme desempleo y crisis económica, mientras que las Administraciones nos niegan unos derechos adquiridos a la compra de nuestro hogar.

Las condiciones restrictivas de nuestra vivienda VPO, como la imposibilidad de alquilar o vender en diez años, en caso de hacerlo a unos precios marcados por las CCAA; o no poder amortizar capital de una hipoteca convenida que siempre es más cara que una libre durante los primeros diez años; más la retroactividad por parte de la Administración Pública de un derecho reconocido hace que nos consideremos engañados e indefensos.

Con la supresión que el Ministerio ha llevado a cabo, miles de afectados podrían perder sus viviendas protegidas. Los afectados creímos que había un estado de derecho que garantizaba que la Administración iba a cumplir su parte. Hoy, los afectados se ven atrapados en hipotecas que fueron convenidas en un período con precios de burbuja inmobiliaria. El resultado es que muchos afectados podrían perder su vivienda.

¡DENUNCIAMOS QUE SE HA COMETIDO UNA ESTAFA DE LA VPO!

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